Al cumplirse el primer año de aplicación del nuevo sistema de administrar justicia en Santander, para algunos abogados los resultados son negativos, entre ellos porque el sistema es elitista y discriminatorio.
Así lo explicó el experimentado profesional del derecho, Gregorio Bautista Quijano, al examinar qué resultados ha dejado en los primeros 12 meses de aplicación.
El nuevo sistema Penal Acusatorio fue calificado por los especialistas en derecho como un mecanismo elitista que lesiona a los ciudadanos que por algún motivo entran a ser investigados por la comisión de un delito penal.
El catedrático del derecho explicó que el nuevo sistema demanda de recursos económicos para el implicado en gastos de peritazgo, calificación, pagos de dictamen médico, evaluación forense, transporte, honorarios de abogado y otros.
En cuanto a los costos que deben asumir los organismos como hospitales, clínicas y centros de salud, que hacen parte en los procesos sobre administración de justicia, para las investigaciones de hechos como el homicidio, están el montaje de la estructura para que el sistema opere, como la de salas, cadena de custodia, manual de funciones, preparación del personal para que su labor sea legal, estudios patológicos, instrumentación especial y otros que representan un promedio de 25 a 35 millones de pesos, para cada establecimiento.
Por qué están en desventaja
algunos ciudadanos frente a la ley.
Están en desventaja -explicó Gregorio Bautista- cuando no son personas pudientes económicamente para contratar su abogado particular y deben ser ayudados por la Defensoría pública que les asigna un profesional; (antes de oficio) luego aquí hay desigualdad frente al Estado que tiene todas las herramientas como la fiscalía con todas su estructura, la policía judicial, el Das, la Sijin, el gaula, los organismos de control, auditores, etc.
Los ciudadanos que tiene la manera de contratar los servicios de un abogado pueden practicar otras pruebas para confrontarlas con las de los investigadores oficiales a través de equipos de peritos, indicó el ex-contralor de Santander Gregorio Bautista, para demostrar que el nuevo sistema es elitista.
Cuáles son algunos costos.
Una defensa por homicidio por ejemplo puede costar alrededor de 30 o 50 millones de pesos dependiendo la situación; y para el caso de la defensa de un delito por presuntos daños contra la administración pública puede ascender hasta 100 o más millones de pesos, dependiendo del delito y la calidad del abogado, manifestó.
¿Y se justifican las criticas?
Si, por que el nuevo sistema beneficia principalmente a los ciudadanos con buena posición económica; ya vemos que los pobres no tienen oportunidad de defenderse de los cargos que le haga el Estado a través del bien organizado sistema acusatorio, respondió.
Otra razón para justificar las críticas contra el nuevo sistema penal, es que con este mecanismo solo se investigan los delitos de flagrancia como hurto, estupefacientes, lesiones personales y derechos de autor, mientras se han dejado a un lado los delitos de “cuello blanco” como el peculado, contratación y enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, dijo.
Qué pasa con los procesos del viejo sistema.
El abogado Gregorio Bautista sostuvo que es otro problema que se viene presentando y que hace lenta la marcha de la justicia, porque los mismos funcionarios que desarrollan el sistema acusatorio, deben llevar los numerosos procesos que quedaron derivados de la ley 600, impidiendo de esta forma que se materialice el mandato de la pronta y cumplida justicia.
